El encierro penal en Argentina atraviesa una crisis silenciosa pero cada vez más alarmante: más de 13.000 personas privadas de la libertad se encuentran alojadas en comisarías, subcomisarías, alcaidías y dependencias policiales, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
La cifra representa un aumento del 145% entre 2016 y 2023, casi el triple del crecimiento registrado en el sistema penitenciario tradicional, que en el mismo período aumentó un 48,5%. El fenómeno, que organizaciones definen como «comisarización» del encierro, responde al colapso de las unidades penitenciarias y a la ausencia de políticas estructurales en materia penal y carcelaria.
Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires: las más afectadas
El relevamiento identifica a Tucumán como la provincia más crítica, con un 426% de ocupación en sus comisarías, seguida por Santa Fe (205%) y la provincia de Buenos Aires (188%). En muchas jurisdicciones, los niveles de hacinamiento en dependencias policiales ya igualan o superan a los de las cárceles provinciales.
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