La Procuración General remitió su dictamen a la Corte Suprema con el pedido para elevar la condena a los imputados en el caso Vialidad. Ratificó así la postura del Ministerio Público Fiscal que se agraviaba de que ni en el juicio oral ni en la revisión de la Cámara de Casación se incluyera el delito de asociación ilícita por el que habían acusado a Cristina Kirchner.
Con la firma del procurador interino Eduardo Casal se quejó de que la Cámara de Casación hubiese ratificado las absoluciones por asociación ilícita, tal como lo había hecho el Tribunal Oral Federal N°2. Para eso, abundó en cuestiones técnicas durante el primer tramo del escrito por los cuales consideraba que no había sido correcto el enfoque que rechazó la aplicación de esa figura. El caso ahora cuenta con todos los elementos para que la Corte Suprema pueda resolverlo, aunque sin plazos.
Aseguró que la decisión de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky -que conformaron la mayoría- con el voto minoritario de Gustavo Hornos había sido «arbitraria» y que el rechazo del recurso extraordinario se había hecho con «afirmaciones dogmáticas». Las defensas también cuestionaron el fallo de Casación y acudieron a la Corte para solicitar absoluciones.
«El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción», afirmó en su escrito de 13 carillas. «Contrariamente a lo que estableció el a quo, que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna», concluyó.
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