Las dudas sobre el accionar de Gendarmería Nacional en la represión frente al Congreso sumaron un nuevo capítulo esta semana. La Justicia detectó que la entrega de material probatorio por parte de la fuerza fue incompleta, en el marco de la causa que investiga las gravísimas heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo durante la protesta del 12 de marzo.
La jueza federal María Servini había solicitado expresamente los registros fílmicos tomados por dos cámaras adheridas a los cascos de efectivos que participaron del operativo ese día. Sin embargo, la Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación que dirige Patricia Bullrich, hizo una entrega parcial y no justificó satisfactoriamente la ausencia de elementos clave.
Según detallaron fuentes judiciales, uno de los dispositivos enviados contiene «tramos faltantes en momentos clave del operativo» y presenta «omisiones de escenas de interés probatorio», tal como denunció la querella representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En cuanto a la segunda cámara, la fuerza aseguró mediante un escrito presentado el pasado martes 20 que esta nunca fue activada, sin brindar mayores explicaciones. La respuesta generó aún más suspicacias sobre un posible ocultamiento de pruebas.
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