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La discusión por la baja de la edad de imputabilidad, que propone llevarla de los 16 a los 13 años, volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. El debate no solo involucra aspectos penales, sino también educativos, sociales y presupuestarios, en un contexto donde se busca reformular el régimen penal juvenil bajo nuevos paradigmas.
Entre los ejes centrales del proyecto se destaca la incorporación de un enfoque de responsabilidad penal juvenil, con especial énfasis en la educación, la resocialización y la reinserción social. Además, se establece la prohibición de detenciones junto a adultos y la privación de libertad únicamente en institutos especializados, bajo control judicial y evaluación técnica permanente.
En este marco, la jueza penal juvenil María Julia Camus fue contundente al señalar la necesidad de una reforma profunda del sistema actual. «Estamos hablando de una ley de la época de la dictadura que no respeta tampoco ni los paradigmas internacionales que existen en el tema«, explicó en entrevista con TELESOL, y agregó que esa normativa «se basaba en considerar al niño como un objeto de protección, sin reconocerlo como sujeto de derechos«.
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