Finalmente, llegó la noticia que el Gobierno no quería escuchar. La jueza Loretta Preska dictaminó que la Argentina debe entregar de manera inmediata, el 51% de las acciones que el Estado nacional posee en la petrolera YPF (hoy aproximadamente con un valor de U$S 6.500 millones), a custodia de los beneficiarios del fallo y como parte de la sentencia en contra del país que la magistrada que dirige el Segundo Distrito Sur de Nueva York, decidió en septiembre de 2023.
Por este fallo, el país le debe pagar al fondo Burford Capital y otros demandantes, unos U$S16.000 millones como piso. La causa fue iniciada en 2015 por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizar YPF en 2012, sin respetar los derechos de los accionistas minoritarios de la petrolera; y luego que a Repsol se le pagaran unos U$S6.000 millones por el 51% de las acciones renacionalizadas.
Luego del fallo a favor de los fondos demandantes, Argentina apeló la sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, situación jurídica en la que se encuentra la causa a la espera de una resolución de ese tribunal de segunda instancia. Además, los abogados que representan a la Argentina, adelantaron también que en el caso que en ese nivel judicial sea desfavorable al país, habrá una nueva apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fue ante esta situación de apelaciones, que en enero pasado Preska resolvió dar lugar al reclamo de Burford Capital para que se le permita embargar bienes del país en el mundo, con el objetivo de garantizar el pago de la demanda; ante la supuesta mala fama del país como pagador. Ante la negativa de la Argentina de habilitar bienes embargados, Burford pidió a la jueza del Segundo Distrito sur de Nueva York, avanzar sobre las acciones de la petrolera; algo que ahora, finalmente, Preska habilitó esta mañana.
La maniobra legal de la Argentina
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