Alberto Fernández volvió este jueves a los tribunales federales para ampliar su indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades con contratos de seguros durante su gestión. Durante casi dos horas, el ex mandatario respondió preguntas del juez Sebastián Casanello y trató de explicar por qué durante una década le facturó servicios por más de 4 millones de pesos a Héctor Martínez Sosa, empresario vinculado a su histórica secretaria.
Fernández aseguró que esas facturas correspondían a informes de coyuntura política y económica que elaboraba para varios clientes, entre ellos empresas y sindicatos, y negó haber favorecido a Martínez Sosa desde su cargo. «No tengo ninguna relación con la imputación», argumentó ante el juez, según detalló luego su abogada, quien sostuvo que la acusación es «genérica» y que el decreto que firmó sobre coaseguros no menciona a brokers ni intermediarios.
El ex presidente también pidió que sean citados como testigos la ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, el ex canciller Juan Pablo Cafiero, el titular del Banco Central Miguel Pesce y el ex ministro de Economía Martín Guzmán, con la intención de reforzar su defensa.
El caso se reactivó tras un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que acreditó un vínculo comercial sostenido entre Fernández y la firma de Martínez Sosa, por el que el ex mandatario facturó $4.257.000 entre 2010 y 2019, siendo el último año el de mayor facturación.
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